Docentes bonaerenses enrolados en SUTEBA, FEB y SADOP montarán desde el lunes una vigilia frente a la gobernación bonaerense para reclamar la convocatoria a paritarias, y por los descuentos sufridos por maestros que adhirieron a paros.
El anuncio lo realizaron dirigentes gremiales que fueron a la Gobernación donde entregaron un petitorio al gobernador Daniel Scioli, en el que reclaman la devolución de los descuentos y el llamado a paritarias. La protesta será desde el próximo lunes a las 10 En paralelo a la medida anunciada por los gremios, los docentes iniciaron poco después de las 10 protestas en los 134 Consejos Escolares de la provincia para pedir la devolución del dinero que se les descontó por haber adherido a paros;. Denuncian que en algunos casos, las quitas llegan a los $450.
Fue intervenido por una obstrucción en la carótida. Está en el sanatorio de Los Arcos, en Buenos Aires.
El ex director médico del Hospital Argerich Donato Spaccavento afirmó esta noche que a Néstor Kirchner "en 15 minutos lo trasladan a una sala común" y sostuvo que "ya recuperó completamente la movilidad de su mano izquierda", la primera afección que sufrió.
El médico sostuvo que "esta mañana se le paralizó la mano izquierda" y que "lo mandaron a la clínica porque tiene mayor complejidad" para la atención.
Spaccavento fue jefe del equipo médico que atendió a Kirchner cuando era presidente.
"Todo comenzó esta mañana cuando al ex presidente se le paralizó la mano izquierda y comenzó a sentirse mal, ahí decidimos de inmediato su internación", dijo Spaccavento.
"Néstor Carlos Kirchner presentó en el día de la fecha, durante la mañana, un cuadro clínico causado por una patología de su arteria carótida derecha que requiere tratamiento quirúrgico. Por tal motivo será operado en el día de hoy", señaló un parte médico firmado por Marcelo Ballesteros, subdirector de la Unidad Médica Presidencial.
Kirchner se habría sentido mal entre la noche de ayer y la mañana por lo que fue llevado de urgencia al Sanatorio De los Arcos, ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde alrededor de las 19:00 comenzó a ser operado. Junto al diputado nacional se encuentra su esposa, la presidenta Cristina Kirchner, y el secretario de Medios de la Presidencia, Alfredo Scoccimarro, señalaron fuentes oficiales.
Los informantes indicaron que Kirchner ingresó "consciente" al quirófano, aunque se desconocía cuál era el grado de seriedad del cuadro que lo afectaba. De inmediato, la noticia causó conmoción debido a que se trató de una intervención de urgencia y rápidamente llegó a las ediciones digitales de los principales medios del mundo.
Las arterias carótidas resultan obstruidas debido a la acumulación de grasa y colesterol y pueden llegar a causar aterosclerosis y accidentes cerebro-vasculares.
"La arteria carótida es la arteria que lleva la sangre al cerebro. Es el lugar donde comúnmente suelen crearse placas donde se deposita el colesterol, y luego calcio, y otras células. Muchas veces estas placas se rompen y queda como una puertita que se abre y se cierra, dejando pasar la sangre. Ahí (el cuerpo) empieza a enviar señales, como tuvo el ex presidente, como adormecimiento", precisó el médico.
La primera vuelta electoral para designar al sucesor del actual presidente Oscar Arias se desarrolló en medio de un clima festivo y sin que se hubieran reportado disturbios significativos, según informó la prensa internacional. La oficialista Laura Chinchilla es la favorita. Se aguardan los primeros resultados oficiales.
Poco más de 2,8 millones de ciudadanos estaban habilitados para elegir al mandatario que asumirá el 7 de mayo y gobernará por cuatro años, en comicios a los que la oficialista Laura Chinchilla llegó con probabilidades de consagrarse sin necesidad de segunda vuelta, de acuerdo con las últimas encuestas.
Los centros de votación abrieron a las 6 locales (las 9 en la Argentina) y cerraron a las 18 (las 21 en la Argentina), tras lo cual se aguardaba la difusión del primer informe oficial de resultados, dado que el Código Electoral costarricense prohíbe la difusión de encuestas privadas el día de los comicios.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) prometió ese primer informe para dos horas después del cierre de los comicios.
Desde temprano, miles de ciudadanos acudieron a las urnas, en un ambiente alegre, con autos embanderados y haciendo sonar sus bocinas.
El clima frío determinó que la afluencia a las urnas aumentara a medida que iba avanzando la jornada.
"Es un día maravilloso", dijo Arias luego de emitir su voto y se manifestó "orgulloso" de que en Costa Rica "no hubo y nunca habrá un soldado con ametralladoras custodiando las urnas".
"No me da nostalgia; es hora de que me vaya a descansar, a leer mis libros, a oír mi música", expresó el mandatario, de 69 años, acerca del próximo fin de su segundo mandato (también fue presidente en 1986-90).
Además de presidente, los costarricenses debían elegir hoy dos vicepresidentes, 57 diputados y regidores de 81 cantones (municipios).
Las últimas encuestas atribuyeron a Chinchilla, del centroderechista Partido de Liberación Nacional (PLN), 41,9 por ciento de intención de voto, suficiente para quedar consagrada hoy, ya que la Constitución establece un piso de 40 por ciento de los sufragios para ganar en la primera vuelta.
Pero si ningún candidato hubiera alcanzado hoy el porcentaje necesario para consagrarse, habrá una segunda vuelta en abril.
Precisamente Chinchilla fue involuntaria protagonista del único incidente conocido, en el que militantes del centroizquierdista Partido Acción Ciudadana (PAC) intentaron cerrarle el paso cuando la candidata se dirigía a emitir su voto.
De los otros ocho candidatos a presidente, los mejor posicionados en las encuestas eran Otto Guevara, del derechista Movimiento Libertario (ML), con 22,9 por ciento, y Ottón Solís, del PAC, con 19,9 por ciento.
Los otros postulantes fueron Luis Fishman (de Unidad Social Cristiana), Eugenio Trejos (del izquierdista Frente Amplio), el diputado no vidente Oscar López (de Accesibilidad sin Exclusión), Rolando Araya (de la Alianza Patriótica), Mayra González (del Partido Renovación Costarricense) y Walter Muñoz (de Integración Nacional).
Las horas previas a la votación transcurrieron en un ambiente de tranquilidad y la mayor preocupación de los analistas era la tasa de abstención que puede registrarse, que algunas encuestas estimaron en más de 30 por ciento del padrón, según reportó la agencia noticiosa italiana ANSA.
No obstante, el presidente del TSE, Luis Sobrado, afirmó hoy que tenía "razones suficientes" para esperar que votara más de 70 por ciento de los empadronados.
Según Sobrado, en las elecciones presidenciales anteriores, las de 2006, la participación electoral estuvo "al fondo del pozo", con 65,2 por ciento, debido a la discusión sobre el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos.
El magistrado aseguró que el referendo de octubre de 2007 sobre ese TLC "despertó el interés político, especialmente en los jóvenes".
La promesa que el empresario les hizo a los militares en plena campaña, de tratar de prescribir la acción penal contra todos los procesados por violaciones a los derechos humanos, sólo causó alarma en las víctimas y calentó el clima para su asunción.
Cuando el presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, se reunió –sin prensa– en noviembre pasado con 700 militares en el histórico Círculo Español de Santiago, se granjeó de inmediato el repudio de buena parte de Chile, en especial de las agrupaciones de detenidos desaparecidos, que aún siguen clamando justicia por las aberraciones de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.
Si bien meses después el político-empresario logró imponerse en las urnas, alcanzando el sillón principal de La Moneda, no debe perderse de vista que menos de 100.000 votos lo separaron del candidato de la Concertación, por lo que, a simple vista, puede apreciarse que Chile se mantiene dividido entre la derecha y el centroizquierda.
En ese escenario, Piñera asumirá el mando de la nación el próximo 11 de marzo. Dos días antes se celebra en Chile el Día de la Mujer. La fecha servirá además para que la presidenta saliente, Michelle Bachelet, se despida con una gran manifestación masiva. Aprovechando esa ocasión, diversas organizaciones contrarias al nuevo gobierno se manifestarán en contra de la llegada de la derecha al poder. Estas mismas entidades, encabezadas por la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entre otras, adelantaron que saldrán a la calle también el día de la asunción, pues reclaman que el plan de gobierno de Piñera no reconoce los derechos de los trabajadores, por lo cual pretenden dejar en claro –desde el primer día– de qué manera jugarán los sindicatos en esta nueva cancha.
Todos estos episodios serán la antesala del 29 de marzo, un día con historia en Chile. En 1985, en plena dictadura, dos muchachos de 20 y 18 años murieron baleados en un confuso incidente con carabineros. Se trataba de Eduardo y Rafael Vergara Toledo, asesinados cerca de la combativa y popular Villa Francia. Ambos militaban en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y participaban activamente de actos en contra del régimen militar. En esa fatal jornada, los Vergara Toledo fueron ejecutados por agentes estatales, estando ya heridos y en poder de quienes los acribillaron. La fecha quedó grabada a sangre y fuego y pasó a llamarse “el Día del Joven Combatiente”, donde cada año se han producido diversas protestas, primero contra el régimen militar y luego contra los errores de la Concertación. Pues bien, si ya Piñera encarna la cara de la derecha (basta recordar a las viejas pitucas celebrando con bustos de Pinochet el día que ganó las elecciones) y representa al sector más neoliberal chileno (incluido el mundo empresarial, que se hizo rico en dictadura), la promesa que les hizo a los militares en plena campaña electoral de tratar de prescribir la acción penal contra todos los procesados por violaciones a los derechos humanos, trayendo, por consiguiente, la exculpación y el cierre de los juicios, no sólo causó alarma en las víctimas de violaciones sino que calentó el clima de una jornada que se supone poco tranquila, el menos en las calles.
El periodista Jorge Escalante, experto en derechos humanos, plantea que “más allá de que Piñera encarne a la derecha hay descontento, primero porque no representa a la mayoría de los chilenos, segundo, no hay seguridad de que siga con la línea trazada por la Concertación en temas sensibles; tercero, le debe muchos favores a la derecha extrema (la Unión Demócrata Independiente, UDI, partido ultraconservador) y cuarto, la cita con los militares pro Pinochet el año pasado encendió todas las alarmas”. Junto a ello, el abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, afirmaron que el hecho de que Piñera prometiera trabajar desde el Ejecutivo para que los jueces apliquen la prescripción en estos procesos significa: impunidad.
El tema no será fácil de llevar para Piñera. Basta recordar que hace unas semanas, cuando Bachelet inauguró el Museo de la Memoria, lugar dedicado a los afectados por la dictadura, el escritor peruano y confeso admirador de Piñera, Mario Vargas Llosa –invitado de lujo para la ocasión–, se comió la abucheada de su vida. Sólo la actuación de la fuerza pública impidió que los chiflidos pasaran a más.
A esto debe adicionarse que el programa de campaña de Piñera indicaba que se abogará por la “verdad y la justicia”, pero al mismo tiempo “se avanzará en forma consensuada hacia una auténtica reconciliación”, aunque nunca explicó cómo se realizará. Respecto de la legislación internacional en materia de derechos humanos y su aplicación en Chile, señala que se avanzará en la adecuación de nuestras instituciones jurídicas, para lo que se hace necesario modificar el Código Penal “y ajustar nuestra legislación interna al derecho humanitario convencional”, sin especificar con qué fin. El programa agrega que “Chile debe insertarse plenamente a la comunidad internacional vinculada con los derechos humanos y con los organismos internacionales”, reconociendo que “Chile está inserto en la comunidad internacional y en una institucionalidad de derecho internacional que convencionalmente lo obliga”. Sin embargo, este planteamiento “internacionalista” del programa está en directa contradicción con la prescripción de los crímenes de lesa humanidad que Piñera prometió a los militares.
En cuanto a la implementación del Instituto de Derechos Humanos, organismo impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet, el programa señala que “implementaremos esta nueva institución para darle autonomía efectiva, independencia y eficacia en su acción”.
Todo lo anterior choca con unas de las últimas intervenciones de Bachelet como presidenta en estos temas: “Sólo con la verdad podremos seguir uniéndonos como comunidad, garantizando la convicción cívica indispensable en toda democracia que, finalmente, es lo que pone a recaudo los derechos de las personas”.
Julio De Vido es no sólo el ministro de Planificación de este Gobierno, cargo que ostenta desde el primer día del gobierno de Néstor Kirchner. Es un hombre esencialmente político, y uno de los más allegados al esquema de poder que conduce el kirchnerismo. Como tal, De Vido es una figura de fluidos lazos entre la conducción política del oficialismo y sectores empresarios, gobernadores, sectores sindicales y, muchas veces, con la oposición. Desde esa mirada, en una entrevista exclusiva con Página/12, De Vido se prestó a responder sobre una amplia gama de temas, la mayor parte de ellos fuera de su órbita específica. No ocultó su entusiasmo por algunos indicadores que le hacen prever que este año Argentina volverá a mostrar fuertes tasas de crecimiento. No se imagina una oposición abroquelada por derecha y por izquierda, y defiende con un abanico de argumentos la conveniencia de contar con el Fondo del Bicentenario. Se explayó, obviamente, sobre la importancia del cambio de titular en el Banco Central y lo que representa la conformación de un Consejo Económico similar al Consejo Monetario de Brasil. Aunque aquí, señala, no incluya al Ministerio de Planificación.
–¿Qué expectativas económicas tiene el Gobierno para este año?
–Está claro que el mes de enero se caracteriza por las vacaciones y el turismo, pero los números de la actividad económica saltaron todos por el aire. Si vemos los de consumo de energía, tuvimos cuatro días batiendo el record no en los picos por la ola de calor, sino en la base de la curva de consumo. Este viernes, el pico máximo se clavó a las 15 horas en 19.560 megavatios y eran las 16.30 y estaba en 19.100; durante más de tres horas el consumo superó los 19.000. Hay una euforia de consumo muy importante y, aunque es aventurado arriesgar cifras, ya hay indicios que permitirían hacer predicciones de un crecimiento hasta del 7 por ciento para el año. Y no es que no crea que podamos crecer 8 o 9 puntos; creo que hay que trabajar mucho y bien. Si nos reunimos el Estado, los inversores privados, las empresas públicas, los trabajadores, es decir, todo un universo de gente que quiere crecer y acordamos algunos puntos básicos, el país va a seguir creciendo y desarrollándose como en estos años. Están creadas las bases para un largo período de crecimiento.
–En marzo se va a tratar en el Parlamento el tema de los DNU por el Fondo del Bicentenario. ¿Qué expectativas tiene el Ejecutivo?
–La lógica indica que se va a aprobar, porque es una herramienta para tener un país en el que las economías regionales se van a potenciar, en el que las provincias van a poder tener crédito a tasas razonables. Soy refrendante del decreto, y estoy convencido de que el Fondo del Bicentenario es muy favorable para la economía argentina. El propio mercado, cuando la Presidenta lo anunció el 14 de diciembre, le dio una respuesta inmediata. Vamos a tener más crédito, más barato, y vamos a tener, fundamentalmente, una gran agilidad presupuestaria. Lo que íbamos a hacer en un año, lo podremos hacer en 8 meses o menos, porque vamos a tener más liquidez. El Fondo es para dar certeza a la deuda.
–Pero prácticamente toda la oposición está en contra.
–Creo que son todas chicanas. No escuché ningún fundamento que reflexionara sobre la calidad de la medida, que es excelente desde todo punto de vista: para la credibilidad del país, para la certeza de la negociación del canje y para seguir generando confianza en el mundo. Esta semana el presidente del Bandes, el Banco de Desarrollo de Brasil, me ofreció dos mil millones de dólares para nuevas obras de infraestructura. Si hoy a mí me están ofreciendo ese crédito es porque ven una posibilidad de ejecución concreta, que a lo mejor no la tienen ni en el mismo Brasil. Yo creo que el Fondo le da certeza y credibilidad a un país que hace siete años explotó. Es razonable que uno les dé certezas a los acreedores.
–Luego de dos presidentes del Banco Central como Alfonso Prat Gay y Martín Redrado, ¿qué significa el cambio por Mercedes Marcó del Pont?
–Está claro que es un cambio importante, porque es una persona fuertemente comprometida con el campo nacional y popular. En lo que respecta a la política, la Presidenta fue muy clara en la conformación de una sinergia bien articulada entre la política económica del Ministerio de Economía y la administración de las reservas del Banco Central. También es una chicana absurda eso de que en esta relación quedan afuera los ministerios de Industria y de Planificación; siempre que haya algo que competa a esta parte del Gobierno, vamos a ser llamados a opinar y participar. Está claro que, si en un tema tan complejo como es el energético, podemos trabajar articuladamente y en equipo –generadoras públicas con generadoras y transportadoras privadas—, entonces es lógico que vamos a poder ponernos de acuerdo tres ministros y sentarnos a dialogar. Hay ejemplos a nivel internacional para la creación del Consejo Económico, entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, que van a darle mucha mejor imagen y potencialidad a la Argentina y cohesión a las políticas.
–En un contexto de paridad en el Congreso, la Unión Cívica Radical le acaba de reclamar al vicepresidente Julio Cobos que vote siempre alineado con su partido. ¿Va a ser difícil para el Gobierno avanzar en los próximos años?
–Mi visión respecto de tener un vicepresidente que de alguna manera milita en la oposición es muy clara. No ha cambiado mi opinión respecto de la actitud de Cobos y su voto en la Resolución 125. Además, pertenezco y milito en un partido que desde hace 40 años festeja el Día de la Lealtad y está claro que tengo mis profundas diferencias con el vicepresidente. Más que con él, con sus actitudes en relación con el oficialismo. Además, por la conformación actual del Congreso, las mayorías se van a lograr de acuerdo con los temas que se traten. Yo no veo un Congreso con una oposición aglutinada de izquierda y de derecha, una amalgama algo extraña, votando en bloque, sino que veo a la oposición votando según el tema; pienso que algunos temas serán más fluidos y otros más discutidos. Creo que hay que ver la calidad de los temas y el reflejo que genera en el arco opositor. Cuando digo calidad no me refiero a buenos y malos, sino a la impronta política. Suponer un alineamiento inmediato de todos los opositores es no entender nada de política. Ni entender lo que es la Argentina.
–¿Cree que hay una suerte de conspiración de algunos medios contra el Gobierno? ¿En cuánto influyen los medios en la realidad del país?
–Creo que la discusión de la ley de medios audiovisuales y el propio conflicto de Telecom dan cuenta de una gran puja de intereses y de espacio de poder. Lo que a mí me preocupa es que a los espacios de poder políticos no los reclame la política, sino otros sectores que defienden intereses particulares. Cuando los empresarios están en su tarea, los que hacemos política en la nuestra, los trabajadores en la propia, el país va para adelante. Si tenemos a la prensa que, en vez de hacer su trabajo, está tratando de generar un clima de incertidumbre constante, con mentiras e inventos, sin duda perjudica el normal funcionamiento del país. Y creo que esto pasa porque no hay la diversidad suficiente de bocas informativas, sino que están muy concentradas. Incluso, algunas que parecen distintas, juegan en el mismo sentido.
MACRI LANZO A LA CALLE SUS 500 POLICIAS QUE TRABAJARAN SOLO DE DIA EN UNA COMUNA DEL NORTE
Contento como un chico con juguete nuevo, Mauricio Macri caminó entre las filas de policías de camisa blanca que se cuadraron con su llegada y anunció el lanzamiento a la calle de la Policía Metropolitana.Al juguete le faltan, no obstante, varias piezas: los nuevos policías no cubren más que una pequeña zona del norte de la Capital, no patrullarán en la madrugada por falta de personal y no tienen aún ni una comisaría ("precinto" en la jerga de película hollywoodense que eligieron los macristas).
En rigor, es la tercera vez que el jefe de Gobierno inaugura la Metropolitana, sólo que en esta oportunidad sí salieron a la calle. Los tiempos de creación de una fuerza policial se adelantaron para poder hablar de una promesa de campaña cumplida. El jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, manifestó que buscarán perseguir la venta ambulante, a los cuidacoches y que vuelvan dos figuras de los edictos policiales: "acecho y merodeo".
Macri decidió crear una policía porteña luego de que no consiguió que el gobierno nacional le traspasara la Federal con los fondos. Desde el kirchnerismo, argumentaban que la Nación no financia ninguna de las policías provinciales. La Legislatura aprobó la creación de la Metropolitana el 28 de octubre de 2008. Pero se vio jaqueada por una sucesión de escándalos que terminaron con la renuncia de dos jefes de la fuerza: Jorge "Fino" Palacios, antes de ser procesado por el encubrimiento del caso AMIA, Osvaldo Chamorro, por el caso de espionaje (ver recuadro).
Debut para las cámaras
"Qué intimidante", sonreía una de las policías con los flashes de las cámaras. A Macri le habían preparado un escenario de patrulleros y motos alineados, cuando llegó a las 9.50 a la sede de la guardia de auxilio, donde funciona la Metropolitana transitoriamente. El ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, había llegado dos horas antes y había inspeccionado hasta los vestuarios. Macri, Burzaco y Montenegro se pararon en una tarima, desde la que el obispo auxiliar Joaquín Mariano Sucunza bendijo a los oficiales (Jorge Bergoglio pretextó problemas de agenda; tal vez duran las heridas de la polémica por el matrimonio gay). "Hoy la ciudad de Buenos Aires comienza a cuidarse a sí misma. Tienen que estar orgullosos", les dijo Burzaco. Luego advirtió que intentarán adecuar la ley para que puedan perseguir a cuidacoches y vendedores ambulantes. El bloque PRO buscará retomar las figuras de "merodeo y acecho" de los edictos. "No tenemos guardia de infantería y no podemos actuar en manifestaciones, pero entiendo que es una demanda importante", agregó Burzaco.
Macri no habló en el acto, pero sí ante las cámaras: "Es un triunfo de los vecinos", tituló. "Tuvimos errores y tardamos un poco más, pero hoy cumplimos con lo prometido pese a las adversidades y los malos augurios: lanzamos la Metropolitana, que va a trabajar junto con la Policía Federal", sostuvo. Volvió a defender el uso de Tasers y dijo que quienes se oponen lo hacen "por ignorancia". "Importamos la mejor tecnología", se jactó.
La Metropolitana salió a la calle con 500 policías, que se dividirán en dos turnos de ocho horas. Cada policía tiene una pistola automática Beretta PX4 9 milímetros con mira nocturna, un bastón o tonfa, un Nextel y precintos de plástico para usar como esposas. El uniforme combina una camisa blanca de mangas cortas con gorra, pantalón y zapatos negros. La cantidad actual de policías no alcanza para completar una comisaría de la Federal. Los macristas proyectan que en junio la fuerza contará con 1400 policías y a fin de año con 1900.La Superintendencia de Seguridad Metropolitana tiene 15 mil policías en 53 comisarías (hay aproximadamente cinco mil policías por turno). La Metropolitana se lanzó con 250 por turno.
Sobre el hecho de que no patrullarán en la madrugada, Burzaco explicó a Página/12 que "no podemos tener tres turnos completos, pero sí vamos a hacer operativos de noche en calle Corrientes, hasta las tres de la mañana". La fuerza cuenta hasta ahora con 50 patrulleros Chevrolet Meriva, blancos, negros y azules, con un motivo cuadrillé, que tendrán cuatro cámaras y GPS; y otras 15 motos Honda Deauville.
Temporalmente, utilizarán como sede la Dirección de Logística, en Newbery y Guzmán, dado que todavía no tienen ni un precinto. El primero (el precinto 12) estará en Parque Sarmiento, lo que ya generó polémica entre las agrupaciones vecinales, Serán en total 15 (uno por comuna) y Burzaco señaló que prevén abrir dos por año. Ayer patrullaron la Avenida Triunvirato, en Villa Urquiza y el Parque Sarmiento, en Saavedra (dos partes de la comuna 12, que incluye también Coghlan y Villa Pueyrredón). Luego irán rotando entre distintos puntos: la avenida Corrientes (en donde estarán a la noche, hasta las dos de la mañana), la plaza Arenales, en Devoto; el parque de Los Andes, en Chacarita; y las publicitadas playas secas del gobierno porteño, de jueves a domingo.
La convivencia
La nueva policía tuvo otros dos lanzamientos mediáticos, que no incluyeron despliegue de policías en las calles: uno fue con Palacios y otro con Burzaco. La segunda presentación en sociedad fue, para colmo, el mismo día que renunció Abel Posse al Ministerio de Educación, luego de su cruzada contra el "troscoleninismo", el rock y en favor de una amnistía a los represores. Los escándalos complicaron los acuerdos con el gobierno nacional, pese a que la Metropolitana tendrá que convivir en el mismo territorio con la Federal. Las conversaciones entre Nación y ciudad se terminaron de resolver a último momento: el protocolo de actuación fue firmado el jueves cerca de las 19, es decir, unas horas antes de la salida de la Metropolitana. Lo suscribieron Burzaco y Montenegro con el jefe de la Federal, Néstor Valleca, y el ministro de Justicia, Julio Alak. Allí se establecen las jurisdicciones. La Metropolitana intervendrá en contravenciones y sobre los 16 delitos que fueron transferidos a la Justicia porteña (entre ellos, discriminación, daños, tenencia de armas, exhibiciones obscenas, y crueldad contra animales). "De todas formas, si un policía metropolitano ve un delito, debe actuar", afirmó Burzaco. Se formó una comisión evaluadora de la coordinación entre las dos fuerzas que tendrá reuniones cada 15 días y los ministros de Justicia evaluarán los resultados en dos meses.
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En el marco del juicio por la represión ilegal en Campo de Mayo, pidieron que se condene por secuestros y desapariciones al ex presidente de facto y al ex jefe del Primer Cuerpo, que ya está condenado en otra causa. El martes completará su alegato el fiscal.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reclamó ayer al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que condene a la pena máxima prevista en el Código Penal, 25 años de prisión, a los ex jerarcas de Campo de Mayo, incluido el último dictador, general Reynaldo Benito Bignone. La misma pena de prisión efectiva para Bignone y para el ex jefe del Comando de Institutos Militares, el ya condenado Santiago Riveros, reclamó la abogada Alcira Ríos, en su caso por el secuestro, las torturas y el asesinato de Silvia Mónica Quintela, desaparecida tras dar a luz en la maternidad clandestina de Campo de Mayo un varón al que llamó Francisco, que aún no conoce su verdadera identidad. A última hora comenzó el alegato del fiscal Juan Patricio Murray, que continuará el martes a partir de las 9.30.
A diferencia del miércoles, cuando comenzó la acusación de los abogados Ciro Annicchiarico y Mariana Maurer, los imputados prefirieron ayer no estar presentes en la sala de audiencias, la cancha de papi fútbol de la sociedad de fomento José Hernández, en Florida. El general Fernando Ezequiel Verplaetsen, ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo, está internado en el Hospital Militar, en tanto el ex comisario Germán Montenegro no está entre los acusados incluidos en el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, por lo que tampoco estuvo presente. Sí escucharon el detalle de sus responsabilidades individuales y los pedidos de pena, desde una sala contigua, los generales Riveros, Bignone, que en 1977 era segundo jefe del Comando de Institutos Militares, Jorge Osvaldo García (director de la Escuela de Infantería y luego del Colegio Militar de la Nación), Eugenio Guañabens Perelló (director de la Escuela de Servicio para Apoyo de Combate General Lemos) y el coronel Alberto Roque Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 que nutría de interrogadores a Riveros y procesaba la información obtenida bajo tortura en el edificio de Callao y Viamonte. La secretaría pidió 25 años de prisión para todos los citados, excepto para Guañabens Perelló, imputado en un solo caso (el secuestro, las torturas y la desaparición de Pablo Eduardo Albarracín, que cumplía con el servicio militar obligatorio), para quien solicitó veinte años de cárcel. Los abogados consideraron como agravantes que todos los imputados eran oficiales del Ejército de las más altas jerarquías, que "se formaron gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos argentinos", y que lejos de rebelarse "ante los métodos aberrantes del proceso cívico militar", todos ellos "se sintieron y fueron parte consciente y voluntaria del horror". El alegato de la abogada Alcira Ríos fue sólo por el caso de Silvia Quintela, médica cirujana de 28 años que militaba en la Juventud Peronista y trabajaba en una clínica en Béccar, cerca de la villa La Cava. Quintela fue secuestrada el 17 de enero de 1977 en Florida, donde se desarrolla el juicio, por un grupo de tareas del Ejército. Luego fue trasladada al Campito, el mayor centro de torturas del país, en Campo de Mayo, donde logró que le permitieran atender a algunos secuestrados que llegaban heridos, entre ellos a Juan Carlos Scarpatti, que llegó al centro clandestino con nueve balas en el cuerpo y sobrevivió para contarlo. "A Cacho Scarpatti lo tiraron en un rincón para que se muriera. Silvia y otra secuestrada, Graciela Eiroa, también desaparecida, le sacaron las balas y le curaron las heridas", recordó ayer la abogada Alcira Ríos, que lleva el caso desde el retorno de la democracia."La mantuvieron con vida hasta que nació su hijo, a mediados de 1977. Una sobreviviente contó que ella pensaba mucho en su hijo. 'No van a ser tan criminales de quedarse con los chicos, ¿no?', le preguntaba. Por esa época los militares de Campo de Mayo ya programaban las cesáreas para que tuvieran a los hijos cuando ellos quisieran", recordó. Luego del parto por cesárea la llevaron otra vez al Campito, y una semana después, según la declaración de Scarpatti, "la trasladaron" quién sabe a dónde. Ríos destacó ante los miembros del tribunal que la desaparición es un delito permanente, que continúa en tanto no aparecen los cuerpos. "Sólo los imputados pueden permitirnos llegar a la verdad, pero lamentablemente continúan fieles al pacto de silencio que sellaron mucho antes del comienzo de la dictadura", explicó la abogada, que pidió 25 años de prisión para Bignone y Riveros, únicos imputados por el caso. El martes continuará el alegato de los fiscales Juan Patricio Murray, Javier De Luca y Marcelo García Berro. Hasta el momento sólo Riveros y García, condenados en el primer juicio de Campo de Mayo por el caso Floreal Avellaneda, pasan sus días en el penal de Marcos Paz. Bignone, Guañabens Perelló y Tepedino gozan de arresto domiciliario, en el último caso a pesar de haberlo violado en 2003, tal como documentó Página/12. El comisario Montenegro está excarcelado, por lo que llega y se va caminando por sus propios medios.
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Casi todos los sectores de la oposición al macrismo en la Legislatura porteña dieron una conferencia de prensa para repudiar el despido de casi 1000 trabajadores que realizó el Gobierno de la Ciudad. Muchas críticas a la gestión. La Coalición Cívica y la UCR no estuvieron presentes y presentarán, por su lado, un pedido de informes.
Desde las 15 de este jueves, en el salón Montevideo de la Legislatura porteña los bloques de Encuentro Popular para la Victoria, Diálogo por Buenos Aires, Proyecto Sur, Partido Socialista, Nuevo Encuentro, Igualdad Social, y dirigentes de ATE y UTE-CTERA, dieron una conferencia de prensa para repudiar los despidos que el Gobierno de la Ciudad efectuó a aproximadamente 1000 trabajadores pertenecientes al sector de Salud.
El primero en tomar la palabra fue el secretario general de ATE, Rodolfo Arrechea. "Venimos a denunciar esta situación que provoca el Ejecutivo de la Ciudad, y que hace pagar los gastos de una mala gestión a los trabajadores", arremetió el sindicalista.
Luego de hacer varias denuncias contra Mauricio Macri y sus funcionarios, Arrechea comunicó que el próximo lunes 8 de febrero realizarán un plenario con todas las organizaciones que integran la CTA para considerar un plan de lucha y para decir "ni un solo cesante en la Ciudad, basta de políticas persecutorias contra los trabajadores".
Por su lado, el legislador de Proyecto Sur, Jorge Selser, dijo que "esta es una medida que complementa la política brutal de Macri contra lo público". Y en alusión a que los trabajadores pertenecen al sector de salud, el futuro presidente de la Comisión que trata el tema agregó "no permitiremos que se afecte el servicio de salud publica, vamos a estar al lado de los trabajadores".
El ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra también opinó sobre la decisión del Ejecutivo de la Ciudad. "Esta es una concepción política sobre lo público, Macri hizo un ajuste con lo público y no con lo privado", manifestó el diputado porteño.
"Macri decidió no suspender los gastos con las empresas privadas y decide rescindir contrato a mil trabajadores, está avasallando lo público", continuó Ibarra, y luego, mirando hacia Bolivar 1, agregó "nosotros pensamos dar vuelta esta situación en 2011".
Francisco "Tito" Nenna, dirigente gremial, dijo que la destitución de 1000 trabajadores responde a la decisión de Macri de "destruir las políticas públicas y traspasar los recursos al sector privado".
Después de Nenna la palabra la tomó el legislador Gonzalo Ruanova, integrante del bloque Nuevo Encuentro que responde al ex intendente de Morón, Martín Sabbatella. El diputado expresó que la gestión PRO "es ineficiente, fracasa en política públicas y privilegia el sector privado".
Último en opinar, y para cerrar la conferencia de prensa, Julián D´Angelo, diputado socialista, dijo que "este es un nuevo embate de Macri contra los trabajadores". "El jefe de Gobierno viene reemplazando trabajadores por cargos políticos", finalizó D´Angelo.
Todas las gacetillas que anunciaron la conferencia de prensa incluían a la Coalición Cívica y a la UCR como partícipes de la misma. Sin embargo, ningún representante de estos bloques se hizo presente este jueves. Decidieron dar un paso al costado y presentarán un pedido de informes por los despidos.
Días atrás DiarioJudicial.com dio a conocer la gran cantidad de vetos que desde su asunción había realizado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Treinta y un normas fueron vetadas desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri y desde la publicación de aquella nota, se vetaron otras diez leyes más entre las que se puede mencionar un fondo para la localización y restitución de niños secuestrados o nacidos en cautiverio, la creación de la Oficina contra la Tortura y la ley que regula la publicidad oficial.
Antes de finalizar enero, se publicó en el Boletín Oficial el veto a la ley 3329. La norma fue aprobada por unanimidad en la Legislaturala Ciudad en diciembre del año pasado y establecía la creación de un "Fondo para la Localización y Restitución de Niños/as Secuestrados/as y/o Nacidos en cautiverio".Sin embargo, el decreto 085/010 vetó íntegramente esta ley argumentando que "no resulta procedente que el Gobierno de la Ciudad disponga de su patrimonio en la constitución de un fondo para el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto de ley en revisión en toda la República Argentina, excediendo su ámbito de jurisdicción".
Según un comunicado emitido por Abuelas de Plaza de Mayo, "estos aportes han permitido a lo largo de estos años contribuir con la restitución de cien niños y jóvenes cuya identidad había sido suprimida por lo que resulta sumamente importante su aprobación". Bregando por que "la Legislatura insista en la creación de este fondo para que los más de 300 jóvenes que viven con su identidad falseada puedan lograr su libertad".
Entre las vetadas, se destacan el veto total a la creación de la Oficina contra la Trata de Personas (Ley Nº 3369) y los vetos parciales de la regulación de la pauta publicitaria de toda la administración pública (Ley Nº 3391) y la adopción de medidas para el tratamiento periodístico de la violencia de género en los medios públicos (Nº 3360).
Más de cuarenta leyes fueron vetadas por el gobierno de la ciudad desde el comienzo de su gestión, desde subsidios, fondos, creaciones de organismos a favor de los derechos humanos, e incluso, la implementación de una libreta de salud para niños, niñas y adolescentes.
Los docentes analizarán mañana medidas para reclamar aumentos
El Frente Gremial realizará un plenario para definir una protesta, luego de la suspensión de la reunión con el Gobierno fijada para el lunes pasado
Los docentes nucleados en el Frente Gremial -Suteba, FEB, Sadop, Amet y UDA- se preparan para realizar mañana un plenario en el que definirán medidas de protesta que ayer calificaron de "acción directa", luego de que la reunión con funcionarios de la Provincia fijada para el lunes pasado se suspendiera por el reclamo de aumento salarial.
Las medidas que decidan los docentes que conforman esos gremios se llevarían a cabo a partir del 15 de febrero, día en que los maestros deben regresar a las escuelas para preparar el ciclo lectivo. Desde los sindicatos dijeron que "la intención es no llegar al inicio de las clases con la amenaza de paros; se trata de dar un mensaje a la sociedad, en el sentido de que nuestra intención no pasa por parar, sino por reclamar lo que creemos justo".
Al respecto, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, volvió a referirse a la suspensión de la reunión por parte del Gobierno bonaerense y dijo que "las provincias de Córdoba, San Juan, Tucumán y Mendoza ya convocaron a los gremios docentes a una negociación".
Y reclamó: "Es necesario que la Provincia salga del autismo en el que se ha sumergido al no convocar a los docentes, subestimando de esta manera el conflicto, que esta instalado desde octubre del año pasado con miras al inicio del ciclo lectivo. Ningún gobierno ha resuelto un conflicto educativo sin convocar al dialogo a los trabajadores de la educación".
Por lo pronto, el viernes próximo ya fueron convocadas movilizaciones a los Consejos Escolares de todos los distritos bonaerenses, bajo la consigna "rechazamos los descuentos; exigimos la devolución".
El gobierno argentino rechazó el inicio de perforaciones petroleras británicas en Malvinas
"Enérgica protesta" contra Inglaterra
El canciller Jorge Taiana citó a la embajadora Shan Morgan para plantearle el carácter "ilegítimo" del inicio de los trabajos de explotación petrolera en las islas Malvinas. "Vulneran la soberanía", dijo. Los británicos insistieron en sus derechos.
El canciller Jorge Taiana detalló la protesta ante la prensa.
El inmimente inicio de actividades de perforación petrolera en las Malvinas generó un nuevo incidente en la disputa por la soberanía de las islas entre Argentina y Gran Bretaña. Ayer el canciller Jorge Taiana citó a la embajadora inglesa en el país, Shan Morgan, para entregarle una carta dirigida a las autoridades británicas con una "enérgica protesta" contra la decisión. En una conferencia de prensa, Taiana calificó además la iniciativa de "ilegítima", pero el gobierno británico insistió en que los kelpers tienen "derecho" a buscar petróleo en las islas y sus aguas circundantes.
La embajadora Morgan está de vacaciones, por lo que el que concurrió a la citación en la Cancillería fue el encargado de Negocios, Simon Thomas. El diplomático fue recibido por el jefe de Gabinete del ministerio, Alberto D'Alotto, que le entregó la nota de protesta. Al terminar la reunión, Taiana convocó a una rueda de prensa en la que criticó lo que está haciendo Gran Bretaña "porque vulnera la soberanía, los derechos y los recursos" de la Argentina. "Daremos todos los pasos que sean necesarios para defender y preservar nuestros derechos en la islas", sostuvo el funcionario. En la carta, que la embajada ya giró a Londres, el gobierno nacional rechazó "firmemente la pretensión del Reino Unido de autorizar la realización de operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en el área de la plataforma continental argentina". De paso, el texto reitera el reclamo de soberanía. "La República Argentina reafirma sus derechos de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que forman parte integrante de su territorio nacional." Las actividades de exploración comenzarían esta misma semana, y estarán a cargo de la empresa británica Desire Petroleum, una de las cuatro petroleras con autorización del gobierno británico para realizar tareas de exploración en la área. Para esto, la compañía va a instalar al norte de las islas una plataforma que fue remolcada especialmente desde Escocia. El mes pasado llegaron a Malvinas otro remolque con material para el anclaje de la plataforma y una nave con los equipos de exploración. El cronograma de trabajo difundido habla de realizar cuatro perforaciones iniciales durante la primera quincena de febrero. La nota de protesta argentina advierte que "esta nueva acción unilateral británica se suma a la sucesión de acciones unilaterales británicas que llevaron al gobierno argentino, entre otras causas, a dar por terminada –desde el 27 de marzo de 2007– la Declaración Conjunta argentino–británica de 1995" que, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía, impulsó la cooperación en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área en disputa. Plantea además que "esta nueva acción unilateral del Reino Unido es incompatible con lo establecido por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconocen la existencia de la disputa de soberanía" e insta a los gobiernos "a que reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica". Consultados sobre la queja argentina, voceros de la embajada dijeron que la postura de las autoridades británicas es que "el gobierno de las islas Falklands tiene derecho a desarrollar su industria de hidrocarburos dentro de sus aguas y ha sido una política tradicional del gobierno británico apoyarlo". "No tenemos ninguna duda de la soberanía británica sobre las islas y las zonas marítimas circundantes", señalaron los voceros, que no obstante aclararon que "para nosotros la Argentina es un socio importante a nivel internacional y tenemos una relación cercana y productiva en temas bilaterales y multilaterales".
"Es la política la que debe marcar el rumbo de la actividad financiera del país y no a la inversa"
Los diputados nacionales Martín Sabbatella y Carlos Raimundi, reiteraron su apoyo a los decretos que establecen la creación del Fondo del Bicentenario y la remoción del titular del Banco Central, Martín Redrado.
Los dirigentes, quienes mantuvieron ayer una reunión de trabajo, expresaron que "nosotros apoyamos el uso de las reservas y la remoción del presidente del Banco Central", y agregaron que "Redrado debería renunciar ya".
"Estamos convencidos de que es la política la que debe marcar el rumbo de la actividad financiera del país, y no a la inversa. Acá no existe conflicto entre los poderes del Estado. Los poderes del estado son tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, el Banco Central no es uno de ellos", dijeron en un comunicado. Por otra parte, sostuvieron que "la reacción de los sectores de la derecha, cuestionando al Fondo del Bicentenario y obstruyendo el alejamiento del titular del Banco Central, expresan más los intereses de los acreedores que los del país". Y añadieron que "sin embargo, a pesar de las intenciones de esos sectores, no han logrado entorpecer el desempeño de la economía argentina". Finalmente, Sabbatella y Raimundi expresaron que "creemos que el gobierno debería tomar conciencia de las consecuencias que trae haber nombrado a Redrado al frente del Banco Central".
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Cristina Fernández confirmó la remoción de Redrado y anunció la designación de la actual presidenta del Banco Nación como titular de dicha entidad. A su vez, anunció la creación de un Consejo Económico, integrado por los titulares del Banco Central y del Ministerio de Economía. La presidenta destacó que dicha entidad tendrá un funcionamiento similar al del Consejo de Planeamiento, que existe en Brasil.
Tras anunciar la confirmación del DNU que removía a Martín Redrado de la presidencia del Banco Central, Cristina Fernández de Kirchner llamó a reflexionar acerca de lo sucedido en el lapso de tiempo entre al firma del DNU y el dictamen de la Bicalmeral. La presidenta acusó a la oposición de promover un "exesivo ritualismo" y recalcó, tras citar varios artículos, que "tenía derecho a removerlo". "Volvimos a hacer lo que estaba hecho hace un mes", enfatizó la mandataria y recordó "aquella chacarera que dice tanto correr para llegar a ningún lado".
La presidenta sostuvo que "se podría haber obviado el desgaste institucional" que implicó el conflicto por la remoción de Redrado y acusó a la oposición de no tener un "espíritu colaborativo". Y volvió a criticar a "los legisladores que no logran una mayoría y recurren a la justicia para lograr lo que ellos quieren". Tras anunciar el nombramiento de la Licenciada Mercedes Marcó del Pont, Cristina confirmó como sucesor en la presidencia del Banco Nación, a Juan Carlos Fábrega, que se desempeñaba como Gerente General.
El represor Luciano Benjamín Menéndez se animó a decir que no se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y volvió a justificar el accionar militar en el contexto de una guerra contrarrevolucionaria.
A través de una teleconferencia, el ex Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército leyó ayer el escrito que tiene cada vez que es sometido a un juicio por delitos de lesa humanidad. Se adjudicó la responsabilidad de la actuación de sus “dignos subordinados” y desconoció al Tribunal que lo juzga. “Seré pues víctima de esta inseguridad jurídica… pero no seré un títere más de este teatro armado y manipulado por los guerrilleros de ayer”, culminó.
Como lo hace cada vez que le toca hablar en cada juicio de delitos de lesa humanidad, el represor Luciano Benjamín Menéndez se negó a declarar y leyó un escrito en el que sostiene que el juicio que se le sigue por los crímenes cometidos en la ex Jefatura de Policía cuando cumplía el cargo de ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército es “inconstitucional” y que en ese entonces se había desatado una guerra en la que, según el militar retirado, “nunca” se atacó a la población civil.
Condenado ya tres veces a prisión perpetua (una en Tucumán y el resto en Córdoba) por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el último gobierno de facto, Menéndez negó que las fuerzas militares hayan ese tipo de delitos reconocidos por el Derecho Internacional. “Se ha tergiversado el concepto internacional de delito de lesa humanidad, adjudicándonoslos, siendo que nunca atacamos a la población civil”, se animó a decir, acompañado de su abogado Horacio Guerineau.
“Como comandante, soy el único responsable de la actuación de mis tropas. Por eso, a mis dignos subordinados de entonces no se les puede imputar nada, y menos, privarlos de su libertad como ilegalmente se ha hecho con muchos de ellos”, señaló y fuera de libreto, agregó: “algunos de los cuales están aquí, presos”. En el banquillo de los acusados lo escuchaban Antonio Domingo Bussi (ex jefe de la V Brigada de Infantería del Ejército), Alberto Cattáneo (segundo comandante de la V Brigada), Mario Alberto Zimmermann (ex coronel a cargo de la Jefatura de Policía), Roberto “El Tuerto” Albornoz (ex jefe del Servicio de Información Confidencial de la Policía) y los hermanos Luis y Carlos De Cándido, ex agentes policiales de aquella época.
“Me niego a declarar porque estos juicios son inconstitucionales. La ley vigente cuando la subversión marxista inició el asalto armado a nuestra Patria, era la Nº 14.029-Código de Justicia Militar. Tan vigente estaba, que han tenido que derogarla ahora, por ley del Congreso, para que, en el futuro, cesen sus efectos. Esa ley designaba como mi juez natural al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, el tribunal que me juzga es incompetente”, dijo Menéndez a través de una teleconferencia que se realizó desde una sala del primer piso del Tribunal Oral Federal, para argumentar su negativa a declarar. Menéndez sigue el debate desde ese lugar debido a recomendaciones médicas tras haber permanecido internado por 11 días en el Hospital Militar de Córdoba por un cuadro de neumopatía aguda.
Por último, el militar retirado se adjudicó el papel de víctima: “Seré pues víctima de esta inseguridad jurídica con que se burla a la República, se perturba la vida de los ciudadanos, y se abre el camino a la tiranía. Pero no seré un títere más de este teatro armado y manipulado por los guerrilleros de ayer”.
El vicepresidente anunció que instruyó al secretario parlamentario para que girara la iniciativa a cinco comisiones. El oficialismo criticó la estrategia dilatoria. Mandarían el texto al Senado cuando el vicepresidente esté a cargo del Ejecutivo.
El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobado en Diputados podría llegar al Senado el próximo lunes. El primer día hábil de la semana entrante encontrará a Julio Cobos a cargo del Ejecutivo tras el viaje de la Presidenta a Nueva York, con motivo de la cumbre del G-20. Con Cobos al frente de la primera magistratura, el trámite administrativo en el Senado quedará en manos del presidente provisional del cuerpo, José Pampuro. Cobos sabe que es muy probable que el dictamen con media sanción llegue al Senado cuando él ya no esté a cargo de la presidencia de la cámara. Por eso, ayer, en una decisión poco común, instruyó por anticipado al secretario parlamentario, Juan Estrada, para que gire el proyecto a cinco comisiones del Senado. Apenas se conoció esta información, difundida desde el entorno de Cobos, el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, salió a contestarle al vice. “Los giros del presidente de la Cámara debe fundarlos sobre la competencia de cada comisión y el tema a debatir. Sería un acto de discrecionalidad girarlo a un sinnúmero de comisiones que no tienen competencia alguna”, replicó. Los cruces entre Cobos y Pichetto se convirtieron en un clásico de la política argentina desde la madrugada de la resolución 125. Nadie olvidará aquella cita bíblica que el rionegrino le dedicó a Cobos al final de su discurso, cuando ya sabía que el vicepresidente iba a sepultar las retenciones móviles con un desempate inesperado. “Lo que vas a hacer, hazlo rápido”, pronunció Pichetto con la voz grave, recordando a Jesucristo y Judas Iscariote. Ayer, tras la aprobación en Diputados del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cobos y Pichetto comenzaron a prepararse para otra votación clave. Cobos fue el primero en mover sus piezas. A primera hora de la tarde, sus asesores informaron que el secretario parlamentario del Senado, Juan Estrada, quien llegó a ese puesto de la mano de Daniel Scioli en 2003, había recibido instrucciones para que cuando llegara el dictamen con media sanción lo girara a cinco comisiones. Según el reglamento interno del Senado, los proyectos que se van a tratar en la Cámara son enviados a una sola comisión, o a lo sumo dos, sobre todo cuando el dictamen implica una afectación presupuestaria. Pero el reglamento también prevé excepciones. Y sobre esas excepciones es que Cobos pretende justificar una ampliación del debate. El interés de Cobos es sumar particularmente a las comisiones en las que el oficialismo no tiene garantizada la mayoría, que equivale a 8 votos sobre 15 integrantes. La instrucción que recibió el secretario Estrada consiste en girar el proyecto de Servicios Audiovisuales a las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Medios de Comunicación y Libertad de Prensa; Asuntos Constitucionales; Educación y Cultura; Derechos y Garantías. El oficialismo se opone a que intervengan las tres últimas comisiones. Ayer, además de difundir su instrucción sobre la ley de Servicios Audiovisuales, Cobos hizo circular un comunicado en el que llamó a políticos y empresarios a construir un “gran consenso nacional”. “Para hacer en el presente una Argentina con futuro alguien tiene que ceder”, exhortó el vice. La idea de un gran acuerdo político entre las principales fuerzas políticas con vistas a los próximos años viene siendo impulsada, con matices, por Eduardo Duhalde y Rodolfo Terragno. Pichetto no perdió el tiempo y ayer mismo salió a oponerse a la estrategia del vice. “Si se trata de girar por girar, bueno... Hay que explicarle al ciudadano y a los medios que el reglamento de la Cámara tiene un principio general y que el proyecto tiene que ser girado a una sola comisión”, replicó. También le contestó el senador Nicolás Fernández, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. “El reglamento del Senado tiene dos principios generales. El primero es que los proyectos se giran a una sola comisión. Y en este caso particular, el reglamento es más taxativo porque al haberse unificado las comisiones de Comunicaciones y Libertad de Expresión, este proyecto debería ser remitido solamente a esa comisión”, dijo Fernández en diálogo con Página/12. –Pero Cobos ya dijo que buscará ampliar el debate a cinco comisiones. –El presidente del cuerpo, sea el vicepresidente de la Nación o el presidente a cargo de la Cámara, no tiene ninguna atribución plus para darle un trámite a los asuntos distinto al expresamente reglado. La función del vicepresidente de la Nación es de neto corte administrativo. Y sólo tiene atribuciones adicionales a las de ordenar cuestiones de neto corte administrativo y funcional cuando, como sucedió con la 125, existe un empate en las votaciones del cuerpo. Justo a tiempo La sucesión de argumentos utilizados por Cobos y los senadores opositores como el mendocino Ernesto Sanz (UCR), por un lado, y por los senadores oficialistas por otro podría derivar en una intrincada discusión inspirada en distintas interpretaciones del reglamento del Senado. Sin embargo, el oficialismo tiene a su alcance una alternativa más práctica para esquivar ese escenario. Mañana a la noche, cuando la Presidenta despegue hacia Estados Unidos, su ex compañero de fórmula quedará temporariamente a cargo del Ejecutivo. Eso le impedirá a Cobos conducir como titular del Senado los pasos previos del debate por la ley de Servicios Audiovisuales. Si el proyecto ingresa al Senado el lunes próximo, el trámite parlamentario quedará a cargo de Pampuro. Podría ser una solución provista por el almanaque y la agenda presidencial, pero también por lo complejo y vasto del proyecto que ya logró media sanción en Diputados. El dictamen votado por 147 legisladores del kirchnerismo, la centroizquierda y el Partido Socialista tiene 166 artículos. En la madrugada de ayer, los diputados votaron en forma particular cada uno de sus artículos en un procedimiento muy largo que terminó a las 4.15 de la mañana. La iniciativa ya había sufrido más de 200 modificaciones en el debate en el plenario de las comisiones de Comunicación, Presupuesto y Libertad de Expresión. Ayer, el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, recordó la complejidad del texto y se preocupó por despejar las suspicacias acerca de una supuesta demora intencional en el giro al Senado. “No hay que generar suspicacias ni acciones intencionales ya que cuando se termine de resolver el trámite parlamentario con prolijidad y celeridad se girará la sanción al Senado, donde sea Cobos el presidente o esté Pampuro a cargo, tendrán que cumplir con el reglamento para avanzar con el trámite”, dijo. “Queremos ser muy prudentes dentro de la rapidez que esto necesita. Por eso, se está trabajando con urgencia con mucha seguridad y tranquilidad. Queremos darle un tratamiento adecuado”, argumentó Fellner.
Desde las 15 de este jueves, en el salón Montevideo de la Legislatura porteña los bloques de Encuentro Popular para la Victoria, Diálogo por Buenos Aires, Proyecto Sur, Partido Socialista, Nuevo Encuentro, Igualdad Social, y dirigentes de ATE y UTE-CTERA, dieron una conferencia de prensa para repudiar los despidos que el Gobierno de la Ciudad efectuó a aproximadamente 1000 trabajadores pertenecientes al sector de Salud.
