la gestión PRO "es ineficiente, fracasa en política públicas y privilegia el sector privado".

Casi todos los sectores de la oposición al macrismo en la Legislatura porteña dieron una conferencia de prensa para repudiar el despido de casi 1000 trabajadores que realizó el Gobierno de la Ciudad. Muchas críticas a la gestión. La Coalición Cívica y la UCR no estuvieron presentes y presentarán, por su lado, un pedido de informes.


Desde las 15 de este jueves, en el salón Montevideo de la Legislatura porteña los bloques de Encuentro Popular para la Victoria, Diálogo por Buenos Aires, Proyecto Sur, Partido Socialista, Nuevo Encuentro, Igualdad Social, y dirigentes de ATE y UTE-CTERA, dieron una conferencia de prensa para repudiar los despidos que el Gobierno de la Ciudad efectuó a aproximadamente 1000 trabajadores pertenecientes al sector de Salud.

El primero en tomar la palabra fue el secretario general de ATE, Rodolfo Arrechea. "Venimos a denunciar esta situación que provoca el Ejecutivo de la Ciudad, y que hace pagar los gastos de una mala gestión a los trabajadores", arremetió el sindicalista.

Luego de hacer varias denuncias contra Mauricio Macri y sus funcionarios, Arrechea comunicó que el próximo lunes 8 de febrero realizarán un plenario con todas las organizaciones que integran la CTA para considerar un plan de lucha y para decir "ni un solo cesante en la Ciudad, basta de políticas persecutorias contra los trabajadores".

Por su lado, el legislador de Proyecto Sur, Jorge Selser, dijo que "esta es una medida que complementa la política brutal de Macri contra lo público". Y en alusión a que los trabajadores pertenecen al sector de salud, el futuro presidente de la Comisión que trata el tema agregó "no permitiremos que se afecte el servicio de salud publica, vamos a estar al lado de los trabajadores".

El ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra también opinó sobre la decisión del Ejecutivo de la Ciudad. "Esta es una concepción política sobre lo público, Macri hizo un ajuste con lo público y no con lo privado", manifestó el diputado porteño.

"Macri decidió no suspender los gastos con las empresas privadas y decide rescindir contrato a mil trabajadores, está avasallando lo público", continuó Ibarra, y luego, mirando hacia Bolivar 1, agregó "nosotros pensamos dar vuelta esta situación en 2011".

Francisco "Tito" Nenna, dirigente gremial, dijo que la destitución de 1000 trabajadores responde a la decisión de Macri de "destruir las políticas públicas y traspasar los recursos al sector privado".

Después de Nenna la palabra la tomó el legislador Gonzalo Ruanova, integrante del bloque Nuevo Encuentro que responde al ex intendente de Morón, Martín Sabbatella. El diputado expresó que la gestión PRO "es ineficiente, fracasa en política públicas y privilegia el sector privado".

Último en opinar, y para cerrar la conferencia de prensa, Julián D´Angelo, diputado socialista, dijo que "este es un nuevo embate de Macri contra los trabajadores". "El jefe de Gobierno viene reemplazando trabajadores por cargos políticos", finalizó D´Angelo.

Todas las gacetillas que anunciaron la conferencia de prensa incluían a la Coalición Cívica y a la UCR como partícipes de la misma. Sin embargo, ningún representante de estos bloques se hizo presente este jueves. Decidieron dar un paso al costado y presentarán un pedido de informes por los despidos.

F:nu

---

Hotmail es seguro. Bloquea correo no deseado con tecnología Anti-Spam de Microsoft. Ver más.

El capitán Veto

El capitán Veto

Días atrás DiarioJudicial.com dio a conocer la gran cantidad de vetos que desde su asunción había realizado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Treinta y un normas fueron vetadas desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri y desde la publicación de aquella nota, se vetaron otras diez leyes más entre las que se puede mencionar un fondo para la localización y restitución de niños secuestrados o nacidos en cautiverio, la creación de la Oficina contra la Tortura y la ley que regula la publicidad oficial.

Antes de finalizar enero, se publicó en el Boletín Oficial el veto a la ley 3329. La norma fue aprobada por unanimidad en la Legislaturala Ciudad en diciembre del año pasado y establecía la creación de un "Fondo para la Localización y Restitución de Niños/as Secuestrados/as y/o Nacidos en cautiverio".Sin embargo, el decreto 085/010 vetó íntegramente esta ley argumentando que "no resulta procedente que el Gobierno de la Ciudad disponga de su patrimonio en la constitución de un fondo para el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto de ley en revisión en toda la República Argentina, excediendo su ámbito de jurisdicción".

Según un comunicado emitido por Abuelas de Plaza de Mayo, "estos aportes han permitido a lo largo de estos años contribuir con la restitución de cien niños y jóvenes cuya identidad había sido suprimida por lo que resulta sumamente importante su aprobación". Bregando por que "la Legislatura insista en la creación de este fondo para que los más de 300 jóvenes que viven con su identidad falseada puedan lograr su libertad".

Entre las vetadas, se destacan el veto total a la creación de la Oficina contra la Trata de Personas (Ley Nº 3369) y los vetos parciales de la regulación de la pauta publicitaria de toda la administración pública (Ley Nº 3391) y la adopción de medidas para el tratamiento periodístico de la violencia de género en los medios públicos (Nº 3360).

Más de cuarenta leyes fueron vetadas por el gobierno de la ciudad desde el comienzo de su gestión, desde subsidios, fondos, creaciones de organismos a favor de los derechos humanos, e incluso, la implementación de una libreta de salud para niños, niñas y adolescentes.

F: DJ

---

Hotmail es seguro. Bloquea correo no deseado con tecnología Anti-Spam de Microsoft. Ver más.

Los docentes analizarán mañana medidas para reclamar aumentos

El Frente Gremial realizará un plenario para definir una protesta, luego de la suspensión de la reunión con el Gobierno fijada para el lunes pasado

Los docentes nucleados en el Frente Gremial -Suteba, FEB, Sadop, Amet y UDA- se preparan para realizar mañana un plenario en el que definirán medidas de protesta que ayer calificaron de "acción directa", luego de que la reunión con funcionarios de la Provincia fijada para el lunes pasado se suspendiera por el reclamo de aumento salarial.

Las medidas que decidan los docentes que conforman esos gremios se llevarían a cabo a partir del 15 de febrero, día en que los maestros deben regresar a las escuelas para preparar el ciclo lectivo. Desde los sindicatos dijeron que "la intención es no llegar al inicio de las clases con la amenaza de paros; se trata de dar un mensaje a la sociedad, en el sentido de que nuestra intención no pasa por parar, sino por reclamar lo que creemos justo".

Al respecto, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, volvió a referirse a la suspensión de la reunión por parte del Gobierno bonaerense y dijo que "las provincias de Córdoba, San Juan, Tucumán y Mendoza ya convocaron a los gremios docentes a una negociación".

Y reclamó: "Es necesario que la Provincia salga del autismo en el que se ha sumergido al no convocar a los docentes, subestimando de esta manera el conflicto, que esta instalado desde octubre del año pasado con miras al inicio del ciclo lectivo. Ningún gobierno ha resuelto un conflicto educativo sin convocar al dialogo a los trabajadores de la educación".

Por lo pronto, el viernes próximo ya fueron convocadas movilizaciones a los Consejos Escolares de todos los distritos bonaerenses, bajo la consigna "rechazamos los descuentos; exigimos la devolución".


F: EL DÍA.

---

Hotmail es seguro. Bloquea correo no deseado con tecnología Anti-Spam de Microsoft. Ver más.

El gobierno argentino rechazó el inicio de perforaciones petroleras británicas en Malvinas

"Enérgica protesta" contra Inglaterra

El canciller Jorge Taiana citó a la embajadora Shan Morgan para plantearle el carácter "ilegítimo" del inicio de los trabajos de explotación petrolera en las islas Malvinas. "Vulneran la soberanía", dijo. Los británicos insistieron en sus derechos.

El canciller Jorge Taiana detalló la protesta ante la prensa.

El inmimente inicio de actividades de perforación petrolera en las Malvinas generó un nuevo incidente en la disputa por la soberanía de las islas entre Argentina y Gran Bretaña. Ayer el canciller Jorge Taiana citó a la embajadora inglesa en el país, Shan Morgan, para entregarle una carta dirigida a las autoridades británicas con una "enérgica protesta" contra la decisión. En una conferencia de prensa, Taiana calificó además la iniciativa de "ilegítima", pero el gobierno británico insistió en que los kelpers tienen "derecho" a buscar petróleo en las islas y sus aguas circundantes.

La embajadora Morgan está de vacaciones, por lo que el que concurrió a la citación en la Cancillería fue el encargado de Negocios, Simon Thomas. El diplomático fue recibido por el jefe de Gabinete del ministerio, Alberto D'Alotto, que le entregó la nota de protesta.
Al terminar la reunión, Taiana convocó a una rueda de prensa en la que criticó lo que está haciendo Gran Bretaña "porque vulnera la soberanía, los derechos y los recursos" de la Argentina. "Daremos todos los pasos que sean necesarios para defender y preservar nuestros derechos en la islas", sostuvo el funcionario.
En la carta, que la embajada ya giró a Londres, el gobierno nacional rechazó "firmemente la pretensión del Reino Unido de autorizar la realización de operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en el área de la plataforma continental argentina".
De paso, el texto reitera el reclamo de soberanía. "La República Argentina reafirma sus derechos de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que forman parte integrante de su territorio nacional."
Las actividades de exploración comenzarían esta misma semana, y estarán a cargo de la empresa británica Desire Petroleum, una de las cuatro petroleras con autorización del gobierno británico para realizar tareas de exploración en la área. Para esto, la compañía va a instalar al norte de las islas una plataforma que fue remolcada especialmente desde Escocia. El mes pasado llegaron a Malvinas otro remolque con material para el anclaje de la plataforma y una nave con los equipos de exploración. El cronograma de trabajo difundido habla de realizar cuatro perforaciones iniciales durante la primera quincena de febrero.
La nota de protesta argentina advierte que "esta nueva acción unilateral británica se suma a la sucesión de acciones unilaterales británicas que llevaron al gobierno argentino, entre otras causas, a dar por terminada –desde el 27 de marzo de 2007– la Declaración Conjunta argentino–británica de 1995" que, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía, impulsó la cooperación en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área en disputa.
Plantea además que "esta nueva acción unilateral del Reino Unido es incompatible con lo establecido por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconocen la existencia de la disputa de soberanía" e insta a los gobiernos "a que reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica".
Consultados sobre la queja argentina, voceros de la embajada dijeron que la postura de las autoridades británicas es que "el gobierno de las islas Falklands tiene derecho a desarrollar su industria de hidrocarburos dentro de sus aguas y ha sido una política tradicional del gobierno británico apoyarlo".
"No tenemos ninguna duda de la soberanía británica sobre las islas y las zonas marítimas circundantes", señalaron los voceros, que no obstante aclararon que "para nosotros la Argentina es un socio importante a nivel internacional y tenemos una relación cercana y productiva en temas bilaterales y multilaterales".

F:P12

---

Hotmail es confiable. Con autenticación de remitentes y filtros Anti-Spam mejorados un 80% . Ver más.

Domingo, 17 de enero de 2010

"Es la política la que debe marcar el rumbo de la actividad financiera del país y no a la inversa"

Los diputados nacionales Martín Sabbatella y Carlos Raimundi, reiteraron su apoyo a los decretos que establecen la creación del Fondo del Bicentenario y la remoción del titular del Banco Central, Martín Redrado.

Los dirigentes, quienes mantuvieron ayer una reunión de trabajo, expresaron que "nosotros apoyamos el uso de las reservas y la remoción del presidente del Banco Central", y agregaron que "Redrado debería renunciar ya".

"Estamos convencidos de que es la política la que debe marcar el rumbo de la actividad financiera del país, y no a la inversa. Acá no existe conflicto entre los poderes del Estado. Los poderes del estado son tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, el Banco Central no es uno de ellos", dijeron en un comunicado.
Por otra parte, sostuvieron que "la reacción de los sectores de la derecha, cuestionando al Fondo del Bicentenario y obstruyendo el alejamiento del titular del Banco Central, expresan más los intereses de los acreedores que los del país".
Y añadieron que "sin embargo, a pesar de las intenciones de esos sectores, no han logrado entorpecer el desempeño de la economía argentina".
Finalmente, Sabbatella y Raimundi expresaron que "creemos que el gobierno debería tomar conciencia de las consecuencias que trae haber nombrado a Redrado al frente del Banco Central".

f: P12

---

Internet Explorer 8 es más seguro -¡Probalo gratis! Hacé clic aquí

Mercedes Marcó del Pont presidirá el BCRA

Cristina Fernández confirmó la remoción de Redrado y anunció la designación de la actual presidenta del Banco Nación como titular de dicha entidad. A su vez, anunció la creación de un Consejo Económico, integrado por los titulares del Banco Central y del Ministerio de Economía. La presidenta destacó que dicha entidad tendrá un funcionamiento similar al del Consejo de Planeamiento, que existe en Brasil.

Tras anunciar la confirmación del DNU que removía a Martín Redrado de la presidencia del Banco Central, Cristina Fernández de Kirchner llamó a reflexionar acerca de lo sucedido en el lapso de tiempo entre al firma del DNU y el dictamen de la Bicalmeral. La presidenta acusó a la oposición de promover un "exesivo ritualismo" y recalcó, tras citar varios artículos, que "tenía derecho a removerlo". "Volvimos a hacer lo que estaba hecho hace un mes", enfatizó la mandataria y recordó "aquella chacarera que dice tanto correr para llegar a ningún lado".

La presidenta sostuvo que "se podría haber obviado el desgaste institucional" que implicó el conflicto por la remoción de Redrado y acusó a la oposición de no tener un "espíritu colaborativo". Y volvió a criticar a "los legisladores que no logran una mayoría y recurren a la justicia para lograr lo que ellos quieren".
Tras anunciar el nombramiento de la Licenciada Mercedes Marcó del Pont, Cristina confirmó como sucesor en la presidencia del Banco Nación, a Juan Carlos Fábrega, que se desempeñaba como Gerente General.

f:P12

Menéndez: “Nunca atacamos a la población civil”

El represor Luciano Benjamín Menéndez se animó a decir que no se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y volvió a justificar el accionar militar en el contexto de una guerra contrarrevolucionaria. 

A través de una teleconferencia, el ex Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército leyó ayer el escrito que tiene cada vez que es sometido a un juicio por delitos de lesa humanidad. Se adjudicó la responsabilidad de la actuación de sus “dignos subordinados” y desconoció al Tribunal que lo juzga. “Seré pues víctima de esta inseguridad jurídica… pero no seré un títere más de este teatro armado y manipulado por los guerrilleros de ayer”, culminó. 

Como lo hace cada vez que le toca hablar en cada juicio de delitos de lesa humanidad, el represor Luciano Benjamín Menéndez se negó a declarar y leyó un escrito en el que sostiene que el juicio que se le sigue por los crímenes cometidos en la ex Jefatura de Policía cuando cumplía el cargo de ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército es “inconstitucional” y que en ese entonces se había desatado una guerra en la que, según el militar retirado, “nunca” se atacó a la población civil.


Condenado ya tres veces a prisión perpetua (una en Tucumán y el resto en Córdoba) por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el último gobierno de facto, Menéndez negó que las fuerzas militares hayan ese tipo de delitos reconocidos por el Derecho Internacional. “Se ha tergiversado el concepto internacional de delito de lesa humanidad, adjudicándonoslos, siendo que nunca atacamos a la población civil”, se animó a decir, acompañado de su abogado Horacio Guerineau.


“Como comandante, soy el único responsable de la actuación de mis tropas. Por eso, a mis dignos subordinados de entonces no se les puede imputar nada, y menos, privarlos de su libertad como ilegalmente se ha hecho con muchos de ellos”, señaló y fuera de libreto, agregó: “algunos de los cuales están aquí, presos”. En el banquillo de los acusados lo escuchaban Antonio Domingo Bussi (ex jefe de la V Brigada de Infantería del Ejército), Alberto Cattáneo (segundo comandante de la V Brigada), Mario Alberto Zimmermann (ex coronel a cargo de la Jefatura de Policía), Roberto “El Tuerto” Albornoz (ex jefe del Servicio de Información Confidencial de la Policía) y los hermanos Luis y Carlos De Cándido, ex agentes policiales de aquella época.


“Me niego a declarar porque estos juicios son inconstitucionales. La ley vigente cuando la subversión marxista inició el asalto armado a nuestra Patria, era la Nº 14.029-Código de Justicia Militar. Tan vigente estaba, que han tenido que derogarla ahora, por ley del Congreso, para que, en el futuro, cesen sus efectos. Esa ley designaba como mi juez natural al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, el tribunal que me juzga es incompetente”, dijo Menéndez a través de una teleconferencia que se realizó desde una sala del primer piso del Tribunal Oral Federal, para argumentar su negativa a declarar. Menéndez sigue el debate desde ese lugar debido a recomendaciones médicas tras haber permanecido internado por 11 días en el Hospital Militar de Córdoba por un cuadro de neumopatía aguda.


Por último, el militar retirado se adjudicó el papel de víctima: “Seré pues víctima de esta inseguridad jurídica con que se burla a la República, se perturba la vida de los ciudadanos, y se abre el camino a la tiranía. Pero no seré un títere más de este teatro armado y manipulado por los guerrilleros de ayer”.

F: PF

Otra idea “no positiva” del vicepresidente

El vicepresidente anunció que instruyó al secretario parlamentario para que girara la iniciativa a cinco comisiones. El oficialismo criticó la estrategia dilatoria. Mandarían el texto al Senado cuando el vicepresidente esté a cargo del Ejecutivo.


El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobado en Diputados podría llegar al Senado el próximo lunes. El primer día hábil de la semana entrante encontrará a Julio Cobos a cargo del Ejecutivo tras el viaje de la Presidenta a Nueva York, con motivo de la cumbre del G-20. Con Cobos al frente de la primera magistratura, el trámite administrativo en el Senado quedará en manos del presidente provisional del cuerpo, José Pampuro. Cobos sabe que es muy probable que el dictamen con media sanción llegue al Senado cuando él ya no esté a cargo de la presidencia de la cámara. Por eso, ayer, en una decisión poco común, instruyó por anticipado al secretario parlamentario, Juan Estrada, para que gire el proyecto a cinco comisiones del Senado. Apenas se conoció esta información, difundida desde el entorno de Cobos, el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, salió a contestarle al vice. “Los giros del presidente de la Cámara debe fundarlos sobre la competencia de cada comisión y el tema a debatir. Sería un acto de discrecionalidad girarlo a un sinnúmero de comisiones que no tienen competencia alguna”, replicó.
Los cruces entre Cobos y Pichetto se convirtieron en un clásico de la política argentina desde la madrugada de la resolución 125. Nadie olvidará aquella cita bíblica que el rionegrino le dedicó a Cobos al final de su discurso, cuando ya sabía que el vicepresidente iba a sepultar las retenciones móviles con un desempate inesperado. “Lo que vas a hacer, hazlo rápido”, pronunció Pichetto con la voz grave, recordando a Jesucristo y Judas Iscariote. Ayer, tras la aprobación en Diputados del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cobos y Pichetto comenzaron a prepararse para otra votación clave.
Cobos fue el primero en mover sus piezas. A primera hora de la tarde, sus asesores informaron que el secretario parlamentario del Senado, Juan Estrada, quien llegó a ese puesto de la mano de Daniel Scioli en 2003, había recibido instrucciones para que cuando llegara el dictamen con media sanción lo girara a cinco comisiones. Según el reglamento interno del Senado, los proyectos que se van a tratar en la Cámara son enviados a una sola comisión, o a lo sumo dos, sobre todo cuando el dictamen implica una afectación presupuestaria. Pero el reglamento también prevé excepciones. Y sobre esas excepciones es que Cobos pretende justificar una ampliación del debate.
El interés de Cobos es sumar particularmente a las comisiones en las que el oficialismo no tiene garantizada la mayoría, que equivale a 8 votos sobre 15 integrantes. La instrucción que recibió el secretario Estrada consiste en girar el proyecto de Servicios Audiovisuales a las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Medios de Comunicación y Libertad de Prensa; Asuntos Constitucionales; Educación y Cultura; Derechos y Garantías. El oficialismo se opone a que intervengan las tres últimas comisiones.
Ayer, además de difundir su instrucción sobre la ley de Servicios Audiovisuales, Cobos hizo circular un comunicado en el que llamó a políticos y empresarios a construir un “gran consenso nacional”. “Para hacer en el presente una Argentina con futuro alguien tiene que ceder”, exhortó el vice. La idea de un gran acuerdo político entre las principales fuerzas políticas con vistas a los próximos años viene siendo impulsada, con matices, por Eduardo Duhalde y Rodolfo Terragno.
Pichetto no perdió el tiempo y ayer mismo salió a oponerse a la estrategia del vice. “Si se trata de girar por girar, bueno... Hay que explicarle al ciudadano y a los medios que el reglamento de la Cámara tiene un principio general y que el proyecto tiene que ser girado a una sola comisión”, replicó. También le contestó el senador Nicolás Fernández, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. “El reglamento del Senado tiene dos principios generales. El primero es que los proyectos se giran a una sola comisión. Y en este caso particular, el reglamento es más taxativo porque al haberse unificado las comisiones de Comunicaciones y Libertad de Expresión, este proyecto debería ser remitido solamente a esa comisión”, dijo Fernández en diálogo con Página/12.
–Pero Cobos ya dijo que buscará ampliar el debate a cinco comisiones.
–El presidente del cuerpo, sea el vicepresidente de la Nación o el presidente a cargo de la Cámara, no tiene ninguna atribución plus para darle un trámite a los asuntos distinto al expresamente reglado. La función del vicepresidente de la Nación es de neto corte administrativo. Y sólo tiene atribuciones adicionales a las de ordenar cuestiones de neto corte administrativo y funcional cuando, como sucedió con la 125, existe un empate en las votaciones del cuerpo.
Justo a tiempo
La sucesión de argumentos utilizados por Cobos y los senadores opositores como el mendocino Ernesto Sanz (UCR), por un lado, y por los senadores oficialistas por otro podría derivar en una intrincada discusión inspirada en distintas interpretaciones del reglamento del Senado. Sin embargo, el oficialismo tiene a su alcance una alternativa más práctica para esquivar ese escenario. Mañana a la noche, cuando la Presidenta despegue hacia Estados Unidos, su ex compañero de fórmula quedará temporariamente a cargo del Ejecutivo. Eso le impedirá a Cobos conducir como titular del Senado los pasos previos del debate por la ley de Servicios Audiovisuales.
Si el proyecto ingresa al Senado el lunes próximo, el trámite parlamentario quedará a cargo de Pampuro. Podría ser una solución provista por el almanaque y la agenda presidencial, pero también por lo complejo y vasto del proyecto que ya logró media sanción en Diputados. El dictamen votado por 147 legisladores del kirchnerismo, la centroizquierda y el Partido Socialista tiene 166 artículos. En la madrugada de ayer, los diputados votaron en forma particular cada uno de sus artículos en un procedimiento muy largo que terminó a las 4.15 de la mañana.
La iniciativa ya había sufrido más de 200 modificaciones en el debate en el plenario de las comisiones de Comunicación, Presupuesto y Libertad de Expresión. Ayer, el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, recordó la complejidad del texto y se preocupó por despejar las suspicacias acerca de una supuesta demora intencional en el giro al Senado. “No hay que generar suspicacias ni acciones intencionales ya que cuando se termine de resolver el trámite parlamentario con prolijidad y celeridad se girará la sanción al Senado, donde sea Cobos el presidente o esté Pampuro a cargo, tendrán que cumplir con el reglamento para avanzar con el trámite”, dijo. “Queremos ser muy prudentes dentro de la rapidez que esto necesita. Por eso, se está trabajando con urgencia con mucha seguridad y tranquilidad. Queremos darle un tratamiento adecuado”, argumentó Fellner.

F: P12

Macri, duramente cuestionado por la designación del "Fino" Palacios

Sergio Burstein, quien habló en representación de los familiares de las víctimas de la AMIA, se quejó de que el jefe de Gobierno no quiso escuchar las críticas al ex comisario, al que acusan de haber encubierto a un sospechoso y mentirles sobre las pruebas que había contra otros.

"A 15 años (del atentado), usted, señor Macri, rindió homenaje a las víctimas, acompañó a los familiares en su dolor y ratificó su compromiso con el trabajo basado en los valores del respeto, de la convivencia, de la justicia y la paz. Con los hechos demuestra todo lo contrario, el doble discurso es sinónimo de hipocresía", dijo Burstein, en el pasaje quizás más crítico para Macri, aunque no para Palacios.

"Palacios está sospechado de ser partícipe en el encubrimiento y protección de un amigo de la familia Menem, Alberto Kanore Edul, investigado por su vinculación con Telleldin y el terrorista Monshe Rabani, asesino de nuestros familiares", remarcó en otra parte de su discurso.

También dijo que el ex comisario les mintió sobre las pruebas contra los policías bonaerenses. Que no los quisieron escuchar cuando hicieron público que Palacios trabajaba en el proyecto de la Policía Metropolitana. Y que fue designado "después de las elecciones para no pagar" un "terrible costo político que esto hubiera originado".

"Montenegro repitió a diestra y siniestra que no había elementos en la causa Amia para procesar a Palacios. Montenegro, en vez de asesorarse con un ex fiscal muy amigo suyo que está procesado y es uno de esos que nos dejó con las manos vacías, le recomendamos que lea las constancias de la causa, va a ver que rápido cambia de opinión y se saca a Palacios de encima", agregó Burstein.

"Todos los Familiares de las Victimas, no una pequeña minoría, todos, Memoria Activa, APEMIA, nosotros, la oposición en su totalidad, los organismos de Derechos Humanos, la ciudadanía rechazan este infame nombramiento. La DAIA y la AMIA criticaron la designación. Se están colectando miles y miles de firmas que darán testimonio de este rechazo. Y esto no es una persecución política como dice el jefe de Gobierno. Es apelar al sentido común, algo tan simple para algunos y tan difícil para otros", añadió.

Burstein acusó a Macri y Montenegro de tomar la Justicia y determinar "la inocencia de Palacios". Y apeló al jefe de Gobierno: "Haga realidad sus sentidas palabras y deje sin efecto el lamentable nombramiento de Palacios. Se requiere una gran humildad, valentía y hombría de bien para dar marcha atrás en decisiones erróneas. Aún está a tiempo".


F:c.com

Sabbatella desembarca en capital

Con la idea de empezar a aglutinar el espacio de centroizquierda y ofrecerle batalla al macrismo, el intendente de Morón y diputado electo por Buenos Aires organiza su pata porteña. La campaña de firmas contra el Fino Palacios, un ensayo de unidad.

Las piezas se siguen acomodando después del resultado de las últimas elecciones. Este fin de semana, el sabbatellismo dio un paso más en su armado de un proyecto nacional al elegir las autoridades del Encuentro en la ciudad, versión porteña del partido nacido en Morón y ya proyectado a toda la provincia de Buenos Aires, donde el 28 de junio consiguió el cuarto puesto y dos bancas en el Congreso.

“Esto es parte del objetivo que nos dimos hace muchos años”, celebra Martín Sabbatella, diputado electo y fundador del espacio. Tras haber sumado más de 400 mil votos en el principal distrito electoral (casi tantos como los que obtuvo Pino Solanas en Capital), el Partido Encuentro se institucionalizó en la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de tender lazos con otras fuerzas de centroizquierda. “Hay que construir una fuerza progresista y popular por fuera del bipartidismo”, explicó a Página/12 el intendente de Morón.

“Es inexorable hacer una propuesta común en 2011 para terminar con el autoritarismo de Macri –coincidió el flamante titular del Encuentro en la Ciudad, José Campagnoli, en diálogo con este diario–. Una propuesta que sea seria y responsable para dar cuenta de las demandas sociales de la ciudad.”

Elegido por los casi 200 militantes que se juntaron en un plenario el sábado por la tarde, Campagnoli ya se había destacado en la campaña de recolección de firmas en contra de la designación de Jorge “Fino” Palacios al frente de la Policía Metropolitana. Justamente, sostiene, el nivel de coincidencia y coordinación de todo el espectro progresista porteño para articular esa campaña es una de las señales de que es posible soñar con “un Frente Amplio, pero de choripán y vino, con un color bien local”.

“Un frente que se va construyendo una identidad propia, donde hay un paraguas que contiene, pero en el que las fuerzas políticas que lo integran no pierden su historia, su identidad, ni su espacio propio”, se ilusiona Campagnoli.

“Creo que en la provincia el Nuevo Encuentro ha sido un paso importante para eso –ejemplifica Sabbatella–. Pero somos conscientes de que todavía no estamos todos: son más los que faltan por sumar que los que ya están adentro.” Entre ese contingente de voluntades a sumar aparecen tanto grupos que se movieron en la oposición como también algunos sectores del kirchnerismo. “Hay hombres y mujeres y espacios políticos que hacen experiencias cercanas a los partidos tradicionales, con los que no coincidimos en la estrategia, pero a quienes les reconocemos lo genuino de su búsqueda”, amplió.

“Si hay que construir una propuesta progresista en la ciudad, hay fuerzas que no pueden no estar. No pueden no estar Pino, el SI, la CTA, así como tampoco pueden faltar Filmus o los Libres del Sur. La enseñanza de las últimas elecciones es que ninguno puede solo. Hay dos cosas que serían gravísimas: no unirse y no prepararse para gobernar”, explicó Campagnoli.

–¿Cree que el centroizquierda no está preparada para gobernar la ciudad?

–El progresismo de la ciudad debe hacer una autocrítica profunda: cuando tuvo que gobernar, la verdad que dejó muchas cosas sin hacer e hizo otras que están mal. No se puede hacer un gobierno continuista, en el que no hubo un quiebre y si hubo, no se notó. Nosotros pudimos demostrar en Morón que se puede gobernar de una forma distinta.

–¿En dónde reside esta diferencia?

–Debemos construir una propuesta seria y responsable que pueda dar cuenta de las demandas sociales de la ciudad. Debemos hacer una profunda reivindicación del rol de la militancia: no se puede gobernar sin una organización política. Por eso creo que hay que combinar laburo de base y diálogo con la sociedad. No basta con algún dirigente que sobresalga o tenga cierta presencia mediática, hay que construir una alianza estratégica social entre los sectores populares, medios e intelectuales, que permita avanzar en los cambios que se requieren. Hay que ganar una batalla cultural: para enfrentar a los sectores concentrados no alcanza con tener razón, hay que construir mayoría y tener anclaje en las bases.

–En los últimos días circuló la versión de que Martín Sabbatella podría evaluar ser candidato a jefe de gobierno en 2011. ¿El acto del fin de semana forma parte de ese plan?

–No, de ninguna manera. Sabbatella no va a ser candidato a jefe de gobierno en 2011.

–¿Por qué eligieron este momento para lanzarse en la ciudad?

–Hay una situación de debilidad del macrismo que quedó reflejada en los resultados electorales, donde jugaron su mejor carta y sacaron 15 puntos menos que en las elecciones anteriores. Yo creo que se rompió la luna de miel de la sociedad porteña y Macri, y hay una necesidad fuerte de que el progresismo presente una propuesta creíble y sensata en 2011 para recuperar la ciudad. Nosotros venimos armando el partido en la ciudad desde hace un par de años, pero no nos presentamos a las últimas elecciones porque no queríamos colaborar con la atomización del progresismo. Pero la vocación de Encuentro en la ciudad es crecer y desarrollarse con una profunda vocación de unidad. Es inexorable hacer una propuesta común en 2011 para terminar con el autoritarismo de Macri.

F: P12

Los trabajadores no vamos a pagar la crisis

Yasky: "Estamos reclamando justicia social"

Sobre la Jornada Nacional de Movilización que se desarrollará marchando frente al Ministerio de Trabajo de la Nación en la ciudad de Buenos Aires y en las agencias territoriales de la repartición laboral en todas las capitales de provincia, Yasky señaló que se apunta a que el Estado brinde respuestas concretas para “que los trabajadores no paguemos una crisis que no generamos. Lamentablemente -reprochó-las políticas que se están aplicando no van en ese sentido”.

Sostuvo también que “continuamos reclamando el blindaje social que consiste en adoptar medidas que garanticen un modelo distributivo más justo para que los trabajadores no terminemos pagando las consecuencias de la crisis”.

Las principales medidas reclamadas son Asignación Universal por Hijo, Seguro de Empleo y Formación para los compañeros desocupados, paritarias libres y abiertas, aumento de emergencia para los jubilados y garantizar el 82% móvil y el respeto a la libertad y democracia sindical, entre otras reivindicaciones. Asimismo,Yasky manifestó la firme oposición de la CTA al “Tarifazo” en el servicio de gas.

Por eso, el dirigente sindical expresó que la movilización se centra en que “se suscriban tres convenios de la OIT. Ese es el compromiso que asumió el Gobierno cuando estuvo hace un mes en Ginebra: Uno que garantice que no haya despidos sin causa, otro sobre la seguridad social y el restante sobre el salario mínimo. Creemos que se debe convocar a todos los trabajadores que aún no pudieron cerrar la discusión paritaria. El salario tiene que ser el sostén de la demanda y del mercado interno para que la crisis no nos golpee de manera doble, porque ya hay recesión con las exportaciones y sería gravísimo que hubiera recesión por la situación interna. Se están perdiendo puestos de trabajo”, remarcó ante los periodistas.

En ese sentido, Yasky denunció que "hay 60 despedidos en el Correo Argentino y tenemos situaciones de flagrantes violaciones a la libertad sindical. UALA, el sindicato de los pilotos de Austral, está postergado sin ninguna legalidad. Se está haciendo lo mismo con los trabajadores de subterráneos, que no tienen respuesta. Los compañeros de SIMECA, los motoqueros, que tienen el sindicato más representativo y que hace 4 años están pidiendo la Personería Gremial, recibieron una bofetada al darle la personería a un sindicato inventado y no representativo. Lo mismo está pasando con otras situaciones en otros lugares del país”, refiriéndose así a como la falta de libertad y democracia sindical es otro puente por el que atraviesa la crisis para golpear a los trabajadores.

Por otra parte, Yasky agregó que la convocatoria también incluirá el reclamo contra el Tarifazo en el servicio de gas domiciliario: “Acá se dice que los Tarifazos van dirigidos a los sectores pudientes. Pero las perdigonadas están llegando a los bolsillos populares. Y si a este deterioro de los salarios por la inflación, por la falta de movilidad ascendente del salario, le sumamos un Tarifazo, está claro que por más que se diga otra cosa, en la realidad la crisis la vamos a pagar los que menos tenemos”.

Cabe destacar que así como se marchará mañana a las 15.00 al Ministerio de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, también están previstas movilizaciones hacia las delegaciones de la cartera laboral en todas las capitales de provincia, en respaldo al reclamo de políticas públicas universales que reviertan la injusta matriz de distribución del ingreso. Esto significa la continuidad del plan de acción votado por unanimidad por el Noveno Congreso Nacional de Delegados que deliberó en el teatro Margarita Xirgu de la Capital Federal el 30 y 31 de marzo.

F:ACTA

El Sabatellismo porteño, contra "el Fino"

Encuentro, el partido del diputado provincial electo Martín Sabatella, se suma en la Ciudad al repudio por el nombramiento del Fino Palacios al frente de la policía metropolitana. Fue en una convocatoria de organismo de derechos humanos, organizaciones sociales y gremiales y familiares de víctimas de los atentados a la AMIA y 19 y 20 de diciembre.

La designación del Fino Palacios al frente de la nueva policía metropolitana cosechó mas enemigos que adeptos. En una campaña convocada por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y gremiales, partidos políticos y familiares de las víctimas de los atentados a la AMIA y del 19 y 20 de diciembre, Encuentro, el partido que lidera Martín Sabatella, se sumó al repudio por el nombramiento.

La actividad se llevó a cabo este jueves desde las 16 e incluyó más de 40 mesas para juntar firmas a lo largo de las Avenidas Rivadavia y Corrientes, más una mesa central frente al la Jefatura de Gobierno de la Ciudad.

“No podemos comenzar con una policía que en sus más altas esferas arrastra los vicios de las peores etapas de nuestra historia”, manifestó el dirigente José Campagnoli del Encuentro porteño. Y resaltó: “somos muchos y muchas quienes le decimos al jefe de Gobierno porteño que quien hasta hace poco persiguió en nombre de la dictadura, quien ocultó pruebas en la causa AMIA y estuvo involucrado en la represión del 20 de diciembre, no puede ser la persona indicada para garantizar la seguridad desde una concepción democrática”.

Campagnoli señaló que “Macri pretende con esta designación montar una policía que lejos de combatir el delito, se afirma en la convicción de reprimir la protesta social. Estamos profundamente preocupados por la orientación que va a tener la nueva policía de la ciudad Buenos Aires”, finalizó.

F: UN

Rematarán propiedades de Maria Julia Alsogaray

Ordenaron tasar el petit hotel de Recoleta donde vive para pagar más de $ 3.000.000 al Estado.

La Justicia comenzó el proceso para rematar los bienes de la ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray, a fin de devolverle al Estado más de tres millones de pesos, luego de que fue condenada por enriquecimiento ilícito.

El Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó tasar el petit hotel de Junín 1435, de Recoleta, donde vive la ex funcionaria, y dos departamentos del mismo barrio para subastarlos y cubrir la suma de 3.179.207,05 pesos.

Los bienes están embargados tras la sentencia contra Alsogaray, la única ex funcionaria condenada por enriquecimiento ilícito. La ingeniera dijo que no tenía dinero en efectivo para cubrir esa suma, por lo que comenzó el proceso de subasta de sus propiedades.

Un tasador se comunicó ayer con Alsogaray y hoy probablemente se encuentren para que la mujer le exhiba los títulos de propiedad, a fin de acreditar las dimensiones de la casa. No obstante, el edificio tuvo muchas reformas y ampliaciones, como un piso adicional.

Los jueces Leopoldo Bruglia, María Cristina San Martino y Jorge Luciano Gorini también pidieron a las inmobiliarias Bullrich, D´Odorico, y Cornejo Achával tasaciones de las propiedades.

Los 3.179.207,05 de pesos que Alsogaray tiene que devolver al Estado surgieron de un peritaje, cuestionado por la ex funcionaria.

La Justicia también solicitó la lista de rematadores de la Capital Federal, así como el estado de deudas a la Dirección de Rentas porteña y a los consorcios.

Con la información, el tribunal impondrá el precio de base al que cada propiedad saldrá a remate, dictará un auto de subasta "imponiendo lugar, día y hora, y ordenará que se publicite en el Boletín Oficial y en los diarios por tres días", dijo una fuente de tribunales.

Alsogaray no piensa poner un peso para pagar la suma impuesta por la Justicia y espera seguir discutiendo el monto por pagar, dijeron sus allegados.

Entre los bienes de Alsogaray figuraban dos departamentos en 59 street 160 W, del edificio Essex House, frente al Central Park de Nueva York. Ambos estaban a nombre de la empresa Purple Cross, cuya mayoría de acciones, en 1994, pertenecían a la ex funcionaria.

Los jueces recordaron en su condena a Alsogaray, dictada en 2004 y confirmada por la Corte Suprema en 2008, que "a la fecha de la comisión del ilícito, el enriquecimiento injustificado [de Alsogaray] ascendía a la suma de 1.122.000 dólares".

Alsogaray, sentenciada a tres años de prisión, pasó 19 meses detenida. Además, enfrenta otras causas judiciales, incluido un procesamiento y embargo de 10 millones de pesos por los sobresueldos que cobró cuando era funcionaria.

F: LN

De la Rúa, a un paso del juicio oral por los sobornos

Confirmaron el procesamiento del ex presidente; para la Justicia, conocía las "negociaciones ilícitas"

Más de nueve años después de que estallara el escándalo, la Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento de Fernando de la Rúa en la causa de los sobornos en el Senado y dejó al ex presidente a un paso de enfrentar un juicio oral.

Según los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, hay pruebas suficientes para que De la Rúa sea enjuiciado como acusado de haber coimeado a senadores peronistas, en abril de 2000, para que aprobaran la ley de reforma laboral.

La Sala I del tribunal ratificó el fallo del juez federal Daniel Rafecas, que el 25 de febrero del año pasado había procesado al ex mandatario como coautor de cohecho activo, un delito que contempla una condena de entre uno y seis años de cárcel. Los defensores de De la Rúa, quien ayer se encontraba fuera del país, analizan apelar la resolución.

Pese a que sólo Farah dio por probada la reunión en la Casa Rosada en la que el entonces presidente habría dado la orden de pagar las coimas, los dos camaristas coincidieron en que De la Rúa estaba al tanto de las "negociaciones ilícitas" para la aprobación de la ley.

"No se trata de atribuirle responsabilidad objetiva derivada de su cargo -sostuvo Irurzun-, sino de cómo es posible que se haya retirado del edificio de la SIDE la suma de $ 5 millones con el destino y finalidad indicados, sin su conocimiento, pues resulta impensable a estas alturas que el entonces secretario de Inteligencia o el entonces ministro laboral actuaran en cumplimiento de un plan común inconsulto o en su propio beneficio."

Tras la confirmación de la Cámara, Rafecas dará por cerrada la investigación en los próximos días para luego disponer la elevación a juicio, un trámite que le demandaría unos 45 días y que no podría ser demorado por presentaciones de la defensa del ex presidente, según funcionarios que intervienen en la causa. La defensa de De la Rúa anticipó ayer que analiza apelar el fallo.

El retraso en la definición de la situación procesal de De la Rúa trababa el inicio del juicio contra los otros siete acusados que tiene la causa y que ya habían sido elevados a la etapa oral. Ellos son el ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes; el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique; los senadores Alberto Tell, Remo Costanzo, Augusto Alasino y Ricardo Branda, y el presunto arrepentido del caso, el ex secretario parlamentario del Senado Mario Pontaquarto. También habían sido procesados el ex presidente provisional del Senado José Genoud, que murió el año pasado, y el ex senador Emilio Cantarero, que no enfrentará el juicio por su delicado estado de salud.

El debate oral, según los pronósticos de los investigadores, podría comenzar, de no surgir imprevistos, a fines de 2010, más de diez años después de los hechos. El juicio contra los ocho acusados estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 3, el mismo que intervino en la causa AMIA.

En un voto de más de 90 páginas, el camarista Farah rebatió los argumentos de la defensa de De la Rúa que apuntaban a desacreditar la existencia de la reunión en la Casa Rosada en la que, según el relato de Pontaquarto, el entonces presidente ordenó "arreglar con Santibañes" el pago de las coimas.

"El cónclave se encuentra aún en el ámbito de lo probable", sostuvo Farah, sobre el encuentro del 30 de marzo en el que basó su procesamiento Rafecas y del que habrían participado De la Rúa, Flamarique, Genoud, Pontaquarto, Tell y Alasino.

El camarista aclaró, de todos modos, que la reunión no debía ser analizada en forma aislada y que había otros indicios que confirmaban la intervención de De la Rúa en la maniobra.

Enumeró, en ese sentido, la importancia que tenía la sanción de ley para el nuevo gobierno; el rol protagónico en las negociaciones que, por decisión de De la Rúa, había tenido Flamarique; la intervención en la maniobra de Santibañes, amigo del entonces presidente, y el abrupto cambio de postura del bloque de senadores del PJ, luego del 30 de marzo.

En un voto mucho más breve, Irurzun mantuvo que no había pruebas de la reunión, pero que ello no implicaba que De la Rúa hubiese ignorado las negociaciones que culminaron con el pago de las coimas.

El camarista basó su pronunciamiento en declaraciones que indicaban que el ex presidente no pudo haberse mantenido al margen de la maniobra. Se trata de los testimonios del ex vicepresidente Carlos Alvarez, del ex jefe de Gabinete Rodolfo Terragno, del ex senador Antonio Cafiero y del periodista Joaquín Morales Solá, "Esos testimonios me han inclinado a adoptar mi decisión", dijo.

F. LN